Ante la presencia de nuevos testimonios de confesos integrantes y colaboradores del extinto Cartel de Medellín y otra evidencia recopilada, la Fiscalía General de la Nación definió la situación jurídica de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell, investigados por el homicidio del periodista Guillermo Cano Isaza, ocurrido el 17 de diciembre de 1986, en el occidente de Bogotá. 

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hoy procesados hicieron parte del denominado brazo armado de la estructura de Pablo Escobar y, al parecer, tuvieron conocimiento y habrían incidido en la planeación del atentado contra el entonces director del diario El Espectador. 

Sobre alias Popeye hay indicios que darían cuenta de su participación en una reunión en la que los cabecillas del Cartel de Medellín, entre ellos Pablo Escobar, concertaron atentar contra Guillermo Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen. 

Por otro lado, alias Maxwell, supuestamente, hizo las labores de inteligencia en Bogotá e identificó los movimientos y rutinas del comunicador. Esta información habría terminado en manos del grupo de sicarios que asesinó al periodista mientras se movilizaba del trabajo a su residencia. 

En atención a los parámetros establecidos por la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal), una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, como presunto coautor del delito de homicidio agravado.

Esta decisión fue comunicada al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que sea efectiva en el momento en el que alias Popeye cumpla su periodo de detención en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar ‘La Tramacúa’. 

Respecto a Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell, la fiscal del caso dispuso medida no privativa de la libertad que contempla presentaciones periódicas ante la autoridad competente, prohibición para salir del país, mantener buena conducta individual, familiar y social; no tener contacto ni comunicación con las víctimas, y pagar una caución equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.