La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por 12 años impuesta a la exalcaldesa de San José de Pare, Amparo Olarte Alcantar, y a la exjefe de la Oficina Asesora de Planeación, Nury Zulima Toro Amaya, por 10 años, por irregularidades en la etapa precontractual y contractual del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por valor de $48.175.050.

Las exfuncionarias celebraron un convenio de asociación en 2014 aunque las obligaciones que cumpliría el contratista eran propias de un contrato de suministro, con el objeto de mejorar el desempeño académico de 301 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones oficiales, para lograr su asistencia regular y promover la formación de hábitos saludables a través del complemento alimentario. 

El ente de control evidenció que las disciplinadas incumplieron el principio de transparencia previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en este proceso contractual que se adelantó en cumplimiento del programa "Boyacá se atreve por la alimentación escolar y nutrición". 

Para la Procuraduría Regional de Santander, Olarte Alcantar y Toro Amaya transgredieron el principio de eficacia, por cuanto omitieron verificar que las características expresadas en los estudios previos se ajustaran a la modalidad contractual que correspondía. 

El órgano de control calificó las conductas cometidas por las entonces funcionarias como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima.