La Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades de cuatro departamentos y cinco municipios un informe de las acciones adelantadas para prevenir los desplazamientos masivos de más de mil personas, por hechos violentos ocurridos en el bajo Cauca, Nariño; sur de Córdoba, Caucasia, Antioquia, y en los límites entre Boyacá y Casanare. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los DDHH, con base en una alerta de la Defensoría del Pueblo, solicitó al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; al alcalde de Paya, José Roldan Maldonado Perez; al Comandante de la Segunda División del Ejército, brigadier general Jaime Agustín Carvajal Villamizar; y al Comandante de Policía Boyacá, coronel Juan Darío Rodríguez Martínez; un informe de las acciones para proteger la vida de tres familias que abandonaron sus viviendas luego de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, motivo por el cual otras personas de la comunidad de Paya se encuentra en riesgo de desplazamiento forzado. Al respecto, la secretaria General de la Gobernación de Boyacá, Isabel Bernal habló con Energía Positiva. La funcionaria indicó que cuando se conoció la situación se convocaron a los alcaldes de Pisba, Paya y Labranzagrande para revisar las denuncias. “Fueron tres familias desplazadas, una de Pisba a Yopal y las otras dos en hechos anteriores a que se dieran los enfrentamientos con el Eln. No obstante, a las familias se les prestó la ayuda pertinente por parte de las autoridades”, dijo Bernal. Agregó que se puede dar un balance de tranquilidad respecto a la presencia del Eln en Boyacá y aseguró que las autoridades permanecen pendientes de cada denuncia y alerta que emite la comunidad. El Ministerio Público evaluará las respuestas de los entes territoriales para definir la procedencia de acciones disciplinarias, si hubiere lugar.